Chilpancingo, Gro., 08 de mayo de 2024.- La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez propuso la Ley de Consulta a las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, con el propósito de que este sector y las organizaciones que las representan sean tomados en cuenta durante el proceso legislativo, pues son ellas quienes viven de manera directa los efectos de las medidas que, en dado caso, se emiten desde el Estado.
Al presentar dicha iniciativa en la sesión de este miércoles, la legisladora señaló que en el país y en Guerrero la desigualdad social y la discriminación son problemáticas que golpean continuamente a las personas con discapacidad, que es un grupo social históricamente silenciado, vulnerado, violentado y oprimido.
Refirió, asimismo, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece como obligación de los estados parte adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención, además de celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con estas personas, incluidos niños y niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan
Aunado a ello, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas sentencias, sobre la importancia de llevar a cabo un proceso de consulta a personas con discapacidad para llegar a la fase de la vigencia de una norma en la materia, quedando claro que toda medida legislativa orientada a este sector debe pasar por un proceso de consulta que cuente con las características enlistadas por la SCJN.
Agregó que la propuesta busca atender lo dispuesto en el plan de trabajo de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad del Congreso, entre lo que destaca presentar iniciativas de ley, reforma y proposiciones con punto de acuerdo para garantizar la armonización y aplicación de las normas en materia de personas con discapacidad.
En ese sentido, expuso que este nuevo ordenamiento servirá de base para un trabajo legislativo que cumpla armónicamente con las determinaciones de nuestro máximo tribunal constitucional, de los tratados internacionales y de los órganos legislativos propios del Congreso del Estado.
Ricardo González